EL FMI PRESIONA A ESPAÑA PARA QUE SUBA EL IVA Y BAJE SUELDOS A LOS FUNCIONARIOS

El Fondo Monetario Internacional pone deberes al Gobierno de Mariano Rajoy. El organismo dirigido por Christine Lagarde le pide dos medidas que aplicó el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero y que el PP criticó con dureza desde la oposición. El Fondo reclama al Gobierno que suba ya el IVA (y los impuestos especiales) en lugar de esperar a 2013 y que apruebe lo antes posible una nueva bajada en el sueldo de los funcionarios para reducir el déficit. De otro modo, advierte, España sobrepasará “significativamente los objetivos” marcados en su plan de estabilidad y que el Ejecutivo se ha comprometido a cumplir.

EL MINISTRO YA LO ADELANTA: LA PRIMA DE RIESGO Y EL BONO A 10 AÑOS NO PUEDE SEGUIR ASI Y YA EUROPA PRESIONA A ESPAÑA PARA REDUCIR EL CUANTIOSO DÉFICIT A PARTIR DE LA SEMANA QUE VIENE CON NUEVAS MEDIDAS YA ADELANTADAS POR TODOS LOS PERIODICOS DE INFORMACION DE ESPAÑA: +IVA Y -FUNCIONARIOS El mandatario español aseguraba hace diez días que no se produciría un rescate. Este sábado, de confirmarse la intervención, los acreedores del préstamo a España -es decir la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo- viajarían a la capital española para convertirse en una especie de órgano de control que supervisaría al Gobierno de Rajoy. Entrarían a los ministerios y tendrían acceso a las cuentas del Estado. Establecerían cómo pagará España la ayuda a los bancos privados, y con toda seguridad, la troika y Madrid firmarían un crédito para refinanciar la deuda pública española. Impuestos por consumo indirecto. Con el rescate, un aumento del IVA se da casi por descontada. El incremento de este impuesto regresivo -cuyo efecto lo sienten más las clases bajas- podría llegar al 21% para cualquier tipo de producto, incluidos los de primera necesidad (hoy en el 8%) y para otros productos y servicios de uso habitual (en el 18%). En ese caso, el precio de la comida subiría de manera repentina en torno a un 17%. Es de esperar, por otra parte, impuestos especiales sobre el tabaco y las bebidas alcohólicas. Subiría además la tarifa por el consumo de luz y se impondrían más peajes en las carreteras. Menos funcionarios y menos sueldo. Al igual que ha sucedido en los tres países intervenidos hasta ahora -Grecia, Irlanda y Portugal- el Gobierno reduciría el número de funcionarios y bajaría los sueldos de los que conservaran el trabajo. Esta iniciativa no es nueva, porque en 2010, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero redujo el salario un 5% de promedio a los trabajadores del Estado, y después mantuvo los salarios congelados para los dos años siguientes. Así ha sucedido en Grecia, que ya ha eliminado 200.000 puestos públicos, y en Portugal, que durante 2011 redujo en 20.000 el número de funcionarios en todo el país, además de aumentar en media hora la jornada laboral y de suprimir dos pagas extra que tenía la plantilla. Más drástico fue el recorte en Irlanda, donde ya se suprimieron 37.500 plazas y se prevé 23.500 más antes de 2015. Recorte en las pensiones. La troika exigiría más recortes, como le impuso previamente a Grecia, Irlanda y Portugal, en un sector ya tocado por el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero, como lo es el de las pensiones. Nunca, desde el retorno de la democracia, se habían tocado las jubilaciones. Hasta que llegó 2011, cuando las partidas fueron congeladas. No hay que olvidar que el Gobierno aprobó una reforma a las pensiones que retrasa la edad de jubilación a los 67 años, una iniciativa que se irá implantando de manera progresiva hasta 2027. No sería éste el único cambio. No hay que descartar la privatización de empresas públicas -ya se hizo un intento con el canal II de Isabel, en Madrid, que gestiona el agua de toda la Comunidad.

Es probable también que se reduzca la prestación por desempleo, que en España puede cobrarse hasta por dos años, según el tiempo que se haya cotizado a la seguridad social. La reforma laboral que el Gobierno impuso por decreto en febrero pasado suavizaba las condiciones de despido, abarataba los costes a las empresas, y debilitaba el poder de los sindicatos al flexibilizar la negociación colectiva, lo que fortalecía a la empresa para negociar directamente con el trabajador. Ello no impide que entre las condiciones impuestas por la troika esté ahora la de bajar aún más sueldos e indemnizaciones en caso de despido. Salud y educación. No se salvan sectores fundamentales en el Estado de bienestar como estos dos. Hace semanas, el Gobierno de Rajoy acometía un recorte de 10.000 millones de euros en ambos sectores. Esta medida podría reforzarse en estos días con otras iniciativas, como la supresión de becas o el copago sanitario, como ya funciona en Grecia y Portugal, y el cual establece un pago fijo por ir al médico o incluso a urgencias.

Viviendas. Difícil será suponer que las viviendas sean dejadas de lado. La Comisión Europea tiene entre ceja y ceja desde hace tiempo a la desgravación fiscal por compra de vivienda que restableció el PP -había sido eliminada un año antes por Zapatero-, así que no sería raro que entre las exigencias a España se incluya la supresión de este incentivo, pues la UE considera que la desgravación alimentó la burbuja inmobiliaria y provocó el endeudamiento de las familias españolas. Mientras las comunidades autónomas se someten entre tanto a un reajuste de su presupuesto, el Gobierno central firmaría el Memorándum de Entendimiento con la Comisión Europea, que establece las condiciones de pago para devolver el crédito. Ese crédito, claro está, no será inyectado en la economía para tratar de reflotar una sociedad que arrastra más de 5 millones de parados. La ayuda de la troika a España, en realidad, es un rescate a la banca, aunque el que pondrá la cara en su nombre será el Estado español.