No es algo nuevo de la actual crisis. En todos los periodos de recesión económica se han dado quiebras de estados, tanto en el mundo desarrollado como en el subdesarrollado. España es uno de los países que más veces se ha declarado en bancarrota a lo largo de su historia: seis durante los siglos XVI y XVII, bajo el reinado de los Austrias, y en ocho ocasiones en los convulsos años marcados por las continuas guerras civiles en el siglo XIX. Un país se declara en quiebra cuando sus debilitadas cuentas públicas no le permiten hacer frente a sus compromisos de pago, tanto con particulares como con organismos internacionales o terceros países. Esto ocurre cuando los niveles de déficit fiscal y deuda externa y pública son insostenibles. Al igual que sucede en una empresa, un estado activa la voz de alarma cuando se ve incapaz de pagar sus deudas y necesita refinanciarlas para superar esa situación. Esto desemboca en el denominado rescate económico, es decir, una solicitud de ayuda a los organismos internacionales para evitar el colapso.

El rescate se materializa con la aceptación de préstamos y recursos financieros de instituciones como el Banco Central del país en cuestión, el Fondo Monetario Internacional y terceros países que, por mantener acuerdos comerciales o alianzas de cooperación internacional, se brinden a prestar su ayuda. En todos los casos, para que el rescate sea efectivo, el país afectado debe presentar un plan de salida de la crisis en el que debe mostrar soluciones para reducir su déficit público y adecuarse a los parámetros de estabilidad. Para que el rescate sea efectivo, el país afectado debe presentar un plan de salida de la crisis Irlanda, Grecia o Islandia son buenos ejemplos de lo que supone verse involucrado en un rescate: en los tres casos, sus disparatados déficits, su ineficiente sistema bancario y su elevada deuda pública terminaron por abocarles a anunciar su estado de insolvencia y a tener que aceptar un rescate internacional. En el caso de Grecia, la Unión Europea y el FMI acordaron activar un plan de rescate dotado con hasta 110.000 millones de euros, para un periodo de tres años, entre 2010 y 2012, de los cuales 80.000 millones serán préstamos bilaterales de los países que comparten la moneda única. El resto lo aportará el Fondo Monetario Internacional.

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