LEY INNOVADORA

El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes el proyecto de Ley de Transparencia Pública de Andalucía, que será remitido de manera inmediata al Parlamento autonómico, donde iniciará su tramitación hasta la aprobación definitiva que permitirá su entrada en vigor, que se produciría en un plazo de un año. A diferencia de la norma nacional, la futura ley andaluza incluye un régimen sancionador, que contempla multas de hasta 400.000 euros si no se facilita la información solicitada.

   En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, el consejero de Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, ha manifestado que el objetivo de la ley es que todo lo público sea transparente y que los ciudadanos puedan saber qué se hace con el dinero público y puedan exigir rendición de cuentas de manera permanente. "Los ciudadanos podrán saber dónde va y qué se hace con su dinero", ha señalado el consejero, para quien esta norma es un instrumento para "combatir la corrupción" .

TRANSPARENCIA + RAPIDEZ

 Para velar por el cumplimiento de la norma, se contempla la creación del Consejo de Transparencia y protección de datos (en el anteproyecto se denominaba agencia), cuyo director, una persona de reconocido prestigio, será designado por el Parlamento, por mayoría absoluta, para garantizar su independencia. Este órgano establecerá las sanciones que procedan en caso de que una administración o entidad (todas aquellas que reciban fondos públicos) se niegue a facilitar la información que se le solicita.

   El Gobierno andaluz ha elaborado esta ley con el objetivo fundamental de facilitar al máximo el acceso de los ciudadanos al conocimiento de la actuación de las administraciones, así como de las entidades privadas que gestionan fondos públicos o se financian con los mismos. Las demandas de información por parte de la ciudadanía hacia la Administración tendrán que ser respondidas por ésta en un plazo no superior a 20 días hábiles.

Regresar al inicio